Hernández Quintana aseguró que todas las dependencias tiene observaciones aunque no detalló cuantas ni en qué grado.
Al revelar que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) lleva un avance del 80 por ciento de la revisión a las cuentas marinistas pendientes, el auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana aseguró que no hay presiones de la administración estatal para cortar la cabeza de quienes trabajaron con Mario Marín Torres.
Incluso, dejó en claro que el hecho de sacar un dictamen en contra de los marinistas no significa su permanencia en el organismo auditor, pues destacó que en la ley están establecidas las causales por las cuales podría dejar el cargo en el que le restan cuatro años.
Entrevistado en el patio central del Congreso de Puebla, luego de montar guardia de honor a la bandera, aseguró que será hasta el próximo mes cuando se tengan los dictámenes de las cuentas públicas 2010, las cuales se pondrán a consideración de los 41 diputados a partir del tercer periodo de sesiones públicas que inicia el 15 de octubre.
Hernández Quintana detalló que en las diferentes dependencias detectaron irregularidades que ya se transformaron en pliegos de observaciones que deberán solventar, aunque no precisó qué tan graves son y en qué áreas se detectaron.
“Las dependencias en general todas tienen observaciones, en menor o mayor cuantía, en materia de documentación de obra pública, en materia de algunas fianzas, en materia de algunos costos de asignación, en materia de trabajos no ejecutados”, añadió.
Ante los representantes de los medios de comunicación, reveló que en la aplicación de algunos fondos está interviniendo la Auditoría Superior de la Federación, cuyo trabajo terminará hasta octubre.
De paso, aclaró que por parte del OFS no hay resoluciones que hayan derivado en órdenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios marinistas Alfredo Arango García, quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud y Eduardo Macip Zúñiga, quien se hizo cargo del Soapap, aunque sí reconoció que hay observaciones pendientes dada las acusaciones que se han vertido en los últimos meses principalmente por el desvío de los recursos públicos. En caso de que haya órdenes judiciales -apuntó- debieron salir por parte de la Contraloría del Estado o de otra instancia.
El auditor informó que son más de 300 cuentas las que se tendrán que dictaminar para este año, entre ellas 75 de organismos públicos descentralizados.
Fuente: Sexenio Puebla
por Paulo Yolatl
