Este es el primer caso de destitución que se da en el estado de Puebla.
El presidente de la Comisión Inspectora en el Congreso del Estado, Mario Riestra Piña, informó que el Poder Legislativo iniciará un proceso de revocación de mandato contra el presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar.
Tras la sesión que mantuvieron los diputados con el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, resaltó que este es el primer caso del tipo que se presenta en la historia de Puebla.
Mario Riestra señaló que este procedimiento se desprende del oficio 16217-T, emitido por el Juzgado 5º de Distrito, instancia que desahogó el juicio de amparo 1488/2010 promovido por el aún alcalde.
Cabe mencionar que el mandatario fue inhabilitado por 11 años para ejercer un cargo público, después de que ocupó en el periodo 2005-2008, la misma alcaldía que hoy ostenta gracias a una suspensión provisional y no pudo solventar el uso de 11 millones de pesos a lo largo del año 2006.
En ese sentido, el también coordinador de la fracción panista reconoció que sólo existen “lineamientos generales” sobre los cuales actuar; de modo que se actuará con cautela para evitar que el asunto sea tomado como un “garrote político”.
El legislador refirió que inicialmente, se aprobó un acuerdo para solicitar los expedientes completos del caso al OFS, a la Contraloría Municipal y al Instituto Electoral del Estado (IEE), instancias que tendrán tres días hábiles para responder.
Posteriormente, dijo que se abrirá un periodo de recepción de información y evidencias, con lo que se garantizará el derecho de audiencia del acusado, quien –mientras tanto– se mantendrá en funciones.
El diputado del PAN indicó que en caso de aplicarse la destitución, el caso se llevará al pleno del congreso y dos terceras partes de los legisladores, deberán ratificar su salida de la presidencia municipal.
En ese contexto, el presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña reconoció que el OFS y la Comisión Inspectora tienen un rezago de 223 cuentas públicas del periodo 2006 a 2009, que no han sido dictaminadas y de las cuales, se desprenden casos de funcionarios que podrían resultar responsables de daños patrimoniales.
Puebla · Guillermo Castillo
Fuente: Milenio Diario
