Por Efraín Núñez Calderón
Inconformes con que el gobierno del estado centralice los recursos del Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI), siete presidentes municipales se negaron a firmar el convenio entre la administración estatal y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para la construcción de caminos y obras que suman 575 millones de pesos en Puebla.
Gobierno Los proyectos se licitaron fuera del plazo legal
Como consta en documentos en poder de e-consulta, el gobierno del estado violó los lineamientos del acuerdo firmado el pasado 14 de marzo del presente año, ya que debió licitar las obras durante los 45 días naturales después de la firma, es decir antes del 29 de abril, sin embargo dichos procesos iniciaron el pasado 23 de junio.
De los siete ediles inconformes, cinco son emanados de la Coalición Compromiso por Puebla: Héctor Arroyo Bonilla (Olintla), Ramiro Romero Herrero (Tlapacoya), Gonzalo Ibarra González (Honey), José Javier Hugo Mora Velasco (Nauzontla), Esteban Pérez Rivera (Zoquiapan).
Aunque inicialmente presidentes municipales de la Sierra Negra (emanados de la Coalición Puebla Avanza) se mostraron renuentes con el convenio, al final lo aprobaron y los únicos ediles priístas que lo rechazaron fueron Humberto Lozada Muriño, de Yaonahuac, e Isabel Vergara Tapia, de Petlalcingo.
Algunas de estas siete obras corresponden a la continuación de caminos en municipios considerados de alta y muy alta marginación, los cuales tendrán que esperar para ser concluidos al menos en un año.
Cabe destacar que desde diciembre pasado, el gobierno del estado y la CDI aprobaron la realización de estos y otros 25 proyectos para los que se destinó un monto de 574 millones 591 mil 196 pesos.
Las obras que se construirían en los municipios donde los ediles se inconformaron fueron canceladas por la CDI, según informó José Antonio Díaz García, encargado de la Dirección General de Infraestructura de la dependencia, a la delegada Yvón Gutiérrez Vázquez, a través de un oficio.
Violación al convenio deriva en subejercicio
La clausula novena del convenio establece que la instancia ejecutora, en este caso el gobierno del estado, a través de las Secretarías de Administración (licitación) e Infraestructura (ejecución), debió licitar las 25 obras aprobadas dentro del plazo de los 45 días naturales siguientes a la firma del acuerdo.
No obstante, las obras son concursadas a través de Compranet desde el 23 de junio, casi dos meses después de cumplirse el plazo.
El riesgo de incumplir dicho compromiso es incurrir en un subejercicio en la aplicación de los recursos, debido que la temporada de lluvias retarda la ejecución de los trabajos.
Además, en las reglas de operación del PIBAI se establece que una causa de suspensión o cancelación en la entrega de los recursos es que “las ejecutoras” no inicien los procedimientos licitatorios dentro del plazo establecido”.
Cabe hacer mención que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza desde la semana pasada una revisión en el gobierno del estado por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos del PIBAI por un monto de 600 millones de pesos, correspondientes a la cuenta pública de 2010.
Las observaciones se relacionan con subejercicios en algunos casos atribuibles a retrasos en la ministración de recursos, como sucedería actualmente.
Asimismo, el gobierno del estado y la CDI incurrirían en otra violación al convenio y a las reglas de operación del programa en caso de que se confirme que se presionó a los presidentes municipales para aceptar las nuevas reglas.
Y es que en el inciso G de la cláusula de suspensión o cancelación de los recursos se establece que no se debe “discriminar entre regiones, o localidades elegibles por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra cosa”.
Lo anterior se desprende de las declaraciones de la delegada Gutiérrez Vázquez, quien públicamente señaló que si los presidentes municipales no aceptaban el convenio se buscaría sustituir estas obras por proyectos de otros municipios.
Obras inconclusas
Dos de las obras canceladas por la CDI corresponden a la continuación de caminos iniciados en 2009, las cuales corren el riesgo de quedar retrasarse al menos un año e incluso de no concluirse.
En la cláusula Décima Segunda se establece que en caso de que se apruebe la cancelación de las obras, los recursos aprobados en el convenio podrán ser destinados por la CDI a otras entidades federativas.
Los proyectos que no se ejecutarán durante el presente ejercicio fiscal son la modernización del camino Olintla-Vicente Guerrero, de 12 kilómetros de longitud (obra iniciada en 2009); Modernización y Ampliación del Camino Tlapacoya-Ahuacatlaya de 14.4 kilómetros de longitud (iniciada en 2009 y con continuación en 2010) y la construcción del Puente Viaducto de 56, ubicado en el kilómetro 4+60 del camino Honey-Pahuatlán (con meta 2011).
Tampoco se realizarán la Modernización del camino Tepanyehual-La Unión, en el municipio de Nauzontla, obra de 3.94 kilómetros (con meta 2011); el puente vehicular Nauzontla de 20 metros de longitud (con meta 2001); camino Mazatonaltatempan en el municipio de Yaonáhuac (meta 2011) y la construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario en la comunidad de Tepejillo, perteneciente al municipio de Petlalcingo.
Fuente: e-Consulta.com