Acusan a Porfirio Loeza Aguilar por el manejo irregular de 20 millones de pesos. Inician el proceso de revocación de mandato para juzgarlo.
Xóchitl Rangel | El Universal
Ángel Pedro Guerrero Herrera presentó el procedimiento para destituir al edil tras la detección de malversación de recursos públicos.
El Congreso de Puebla inició el proceso de revocación de mandato contra el alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, por el manejo irregular de 20 millones de pesos.
Este día, durante la sesión ordinaria en el Pleno, el diputado panista José Ángel Pedro Guerrero Herrera presentó el procedimiento para destituir al edil tras la detección de malversación de recursos públicos.
El presidente municipal de Tlatlauquitepec, emanado del Partido Convergencia, ya había sido edil de la misma demarcación durante el periodo 2005-2008, lapso en el que también se reportaron estas anomalías en el ejercicio público.
Por esta razón, la pasada legislatura decidió inhabilitarlo por 11 años para ocupar un cargo de representatividad popular.
Sin embargo, Loeza recurrió a un amparo que lo favoreció y tuvo la oportunidad de postularse nuevamente como alcalde.
En julio de 2010 resultó ganador como parte de la fortaleza que logró la llamada coalición Compromiso por Puebla -integrada por PAN, PRD, Nueva Alianza y Convergencia.
José Juan Espinosa Torres, dirigente estatal de Convergencia y diputado local explicó que esta vez el Poder Judicial negó el amparo a Loeza, por lo que la Comisión Inspectora procederá a un análisis exhaustivo de las pruebas a fin de inhabilitarlo realmente.
Desconoció la fecha límite que el Poder Legislativo tiene para suspender la gestión del edil, pero advirtió que el partido naranja no intervendrá para defenderlo, pues las evidencias son contundentes.
«No hay un plazo definitivo, pero por supuesto que hay elementos suficientes para evitar una sanción a los integrantes del Poder Legislativo, debemos dar cumplimiento a ese mandato. Las observaciones son por recursos federales por la construcción de una carretera, se le había inhabilitado por 11 años, por daño patrimonial», comentó.
A este caso, podría sumarse el de Carlos Gordillo, presidente municipal en Izúcar de Matamoros, lugar donde el cuerpo edilicio ha exigido su destitución por cuestiones de ingobernabilidad.
Espinosa Torres, aclaró que este asunto se resolverá en las comisiones de Gobernación, pero aclaró que Gordillo no ha incurrido en ninguna falta administrativa.
Sin embargo, reconoció que en la mayoría de los 217 municipios de Puebla existe una pronunciada vulnerabilidad al desvío de recursos, manejo discrecional del dinero público y manipulación política.
«A los presidentes se les olvida que no son los todopoderosos, no gobiernan solos, los presidentes municipales actúan de manera ilegal, creen que el mandato popular sólo se les deposita a ellos, no trabajan ni dan espacio para respetar la naturaleza de un cabildo», concluyó.
Fuente: El universal